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Stay of Execution (en espanol tambien)

Even from death row, you can change history and save lives.

Two death-sentenced Kentucky prisoners have a grievance which the Supreme Court recently agreed to hear. In the case of Baze v. Rees, the inmates argue that the method of execution most commonly used – that is, lethal injection – violates the Eighth Amendment's prohibition of cruel and unusual punishment. In fact, at least half of the death row inmates facing an imminent execution in the last two years have filed suit challenging the chemicals used in lethal injections.

The fact that the high court has agreed to hear this case has caused many states to halt executions until the decision is rendered sometime in 2008.

At issue is not the constitutionality of the death penalty itself, but rather a specific question raised by the type of chemicals used and the method of application. In the 1980s, most of the states that have capital punishment switched over from electrocution to lethal injection, on the theory that injecting a cocktail of poisons would be more painless and humane. Since capital punishment was reinstated three decades ago, nearly 900 of the 1,056 U.S. executions carried out through 2006 were by lethal injection.

The three-drug lethal injection process works like this: First, a sedative is administered through an IV, rendering the inmate unconscious, then a paralyzing agent stops the breathing muscles and finally a shot of potassium chloride stops the heart. But objections have been raised that the method, even when applied properly, leaves open the possibility that the inmate would still be conscious of severe pain but be unable to express it because of the paralyzing effect of the drug. Moreover, because correctional officers, not medical practitioners, administer the fatal dose in most state, the risk of mistakes increases.

So what level of risk of unnecessary pain constitutes crossing the line into "cruel and unusual punishment?" That is the Constitutional issue the Court must decide.

Meanwhile, a similar issue has surfaced in recent years, regarding unnecessary pain inflicted on another group of people scheduled for death. In the last Congress, a bill was introduced that would provide an option for unborn children scheduled to be aborted at 20 weeks or more after fertilization to receive pain reducing medication prior to being dismembered. Each year in the United States alone, over 18,000 abortions take place at 21 or more weeks of pregnancy. These children also would be unable to express the pain they have.

In 1994, an article in the prestigious British medical journal, the Lancet, revealed hormonal stress reactions in the fetus. The article concluded with the recommendation that painkillers be used when surgery is done on the fetus. The authors wrote, "This applies not just to diagnostic and therapeutic procedures on the fetus, but possibly also to termination of pregnancy, especially by surgical techniques involving dismemberment." In 1991, scientific advisors to the Federal Medical Council in Germany had made a similar recommendation.

How about a stay of execution for the unborn, for the same humanitarian reasons?

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Amparo contra la ejecución

Aùn los que han sido condenados a muerte pueden cambiar la historia y salvar sus vidas.

Dos prisioneros sentenciados a muerte en Kentucky han presentado un recurso que la Corte Suprema decidió analizar. En caso Baze vs. Rees, los reclusos argumentan que el método de ejecución más común, la inyección letal, viola la prohibición de los castigos crueles e inusuales que establece la octava enmienda. De hecho, por lo menos la mitad de los reclusos condenados a muerte que enfrentan ejecuciones inminentes han presentado recursos contra los químicos que se utilizan en las inyecciones letales.

El hecho que un tribunal superior haya accedido a entender en este caso ha hecho que muchos estados suspendieran las ejecuciones hasta que esto se decida durante el 2008.

No se discute la constitucionalidad de la pena de muerte, sino una cuestión específica como es el tipo de químicos que se utilizan y el método de su aplicación. En los años 80, muchos estados que aplican la pena capital cambiaron la silla eléctrica por la inyección letal, bajo el supuesto que inyectar un cóctel venenoso sería menos doloroso y más humano. Desde la reintroducción de la pena de muerte hace tres décadas, aproximadamente 900 de las 1056 ejecuciones que se realizaron hasta el 2006 fueron por inyección letal.

La inyección letal contiene tres drogas que trabajan de la siguiente manera. Primero se administra un sedante por vía intravenosa, haciendo que el recluso quede inconsciente, después se aplica un agente que paraliza los músculos respiratorios y finalmente una dosis de cloruro de potasio que causa un paro cardíaco. Sin embargo, se ha objetado este método, incluso cuando se practica adecuadamente, porque deja abierta la posibilidad que el recluso esté consciente del dolor agudo pero no pueda expresarlo a causa del efecto paralizante de la droga. Más aún, dado que en la mayoría de los estados son oficiales penitenciarios y no médicos quienes administran la dosis fatal, el riesgo de error aumenta.

Luego ¿cuál sería el nivel de riesgo de dolor innecesario que hace que esto se vuelva un "castigo cruel e inusual"? Esa es la cuestión constitucional que la Corte debe decidir.

Mientras tanto, una cuestión similar ha aparecido en años recientes con relación al dolor que se inflinge en otro grupo de personas que han sido seleccionados para la muerte. En el último Congreso se presentó un proyecto de ley que permitiría la opción de darle medicamentos que reduzcan el dolor a un niño que será abortado, desmembrado 20 o más semanas después de la fertilización. Cada año se practican en los Estados Unidos solamente más de 18.000 abortos después de la 21a semana de gestación. Estos niños tampoco están en condiciones de expresar su dolor.

Un artículo publicado en 1994 en la prestigiosa revista británica de medicina, The Lancet, reveló que hay una reacción hormonal por stress en el feto. El artículo concluyó con la recomendación de utilizar analgésicos cuando se practican operaciones al feto. Los autores dijeron "esto se aplica no solamente al diagnóstico y los procedimientos terapéuticos sobre el feto, sino posiblemente también a la terminación del embarazo, especialmente por procedimientos quirúrgicos que involucran el desmembramiento." En 1991 los asesores científicos del Consejo Médico Federal de Alemania hicieron una recomendación del mismo tenor.

¿Y qué de un recurso de amparo por las mismas razones humanitarias a favor de los niños por nacer que van a ser ejecutados?

Frank Pavone, weekly column, 1Jan2008